miércoles, 21 de septiembre de 2011

La palabra L

Como lo reseñé esta mañana, el Presidente Calderón, durante su visita a Nueva York, se ha referido en diferentes ocasiones a la necesidad imperiosa de reducir la demanda de drogas en Estados Unidos o bien, a considerar lo que llamó "alternativas de mercado con tal de reducir las utilidades astronómicas de las organizaciones de delincuentes".


Para nadie fue un misterio que se trató de una referencia velada a la legalización de alguna o todas las drogas. La declaración (y una similar, hace algunas semanas, en Monterrey) marcó un giro significativo con respecto a los posicionamientos previos del Presidente en la materia: en los Diálogos por la Seguridad, realizados hace un año, Calderón se declaró expresamente opuesto a la legalización, aunque abierto al debate. Fue distinto en esta ocasión: ahora fue él quien puso el tema en la mesa y convocó a la discusión.

¿Es positivo el cambio de postura del Presidente?¿No es obvio ya que la prohibición de las drogases un fracaso y que hay que optar por la transformación del regimen legal vigente? La respuesta corta es: no, no es obvio. La respuesta larga va después del salto de página.


 
1.      Al pensar sobre el tema de las drogas ilegales, resulta útil pensar en dos tipos de costos: a) los costos asociados al consumo de drogas (impactos en el sistema de salud, muertes por sobredosis, pérdidas de productividad, etc.) y, b) los costos asociados al control de las drogas (mercados negros, violencia, corrupción, pérdida de libertades, etc.). El costo total es la suma de ambos conceptos.

2.      En cualquier régimen legal y regulatorio posible, ambos tipos de costos estarían presentes. Aún en condiciones de legalización amplia, previsiblemente se mantendrían restricciones al consumo para los menores de edad o el uso en la vía pública o mientras se conduce un vehículo. Esas restricciones leves serían suficientes para imponer algunos costos de control (probablemente menores).

3.      Una discusión adulta sobre drogas es por tanto un contraste entre diversas combinaciones de costos de consumo y costos de control, incluyendo en el análisis los beneficios que generen el consumo (euforia, sociabilidad, relajación, etc.) y el no consumo (sensación de autocontrol, autoestima, etc.). Un proceso racional debería llevarnos a elegir la alternativa que produzca el menor costo agregado (o más apropiadamente, la mejor relación costo-beneficio).

4.      El problema es que no existe información suficiente para hacer ese cálculo. En particular, falta una pieza clave: no conocemos el valor de las elasticidades relevantes. En castellano, no sabemos cuánto crecería el consumo de diversas drogas ilegales en respuesta a una caída significativa de precios. Puede ser poco, pero puede ser mucho. Existen diversos ejercicios de estimación de la elasticidad precio de algunas drogas (y de las elasticidades cruzadas con otras sustancias, como el alcohol), pero ninguno es concluyente y, sobre todo, no incorporan en sus supuestos la posibilidad de un descenso radical de precios (de 90% o más).

5.      Las experiencias de despenalización del consumo de algunas drogas (por ejemplo, Portugal) no resuelven el problema: la producción, la distribución y la comercialización siguen siendo ilegales y por tanto, no hay efecto sobre los precios. La experiencia de comercio controlado de marihuana en Holanda tampoco es suficiente: todo lo que sucede detrás del mostrador de un café en Amsterdam es ilegal. Los precios, por tanto, siguen siendo de mercado negro. La eliminación de la prohibición del alcohol en Estados Unidos ayuda un poco más, pero a) se trata de una sustancia distinta, y, b) la información sobre el volumen consumido y los precios, antes y después de 1933, es parcial e incompleta (por ese motivo, Jeffrey Miron utiliza una serie de muertes por cirrosis hepática para aproximar volúmenes).

6.      Aún si contáramos con estimaciones sólidas de las elasticidades, un cálculo de costo-beneficio enfrentaría el problema severo de imputar precios a valores intangibles ¿Cuánto vale el dolor de una madre por la muerte violenta de un hijo? ¿Cuánto vale el duelo de un padre por la muerte por sobredosis de una hija? ¿Son equivalentes? ¿Qué precio se le imputa a la pérdida de libertades que implica el control de las drogas ilegales? ¿Tiene algún valor monetario (si es que es legítima) la repulsa estética que puede provocar un picadero de heroína entre algunas personas? Tal vez exista algún procedimiento para resolver esas interrogantes, pero de cualquier forma, las dificultades metodológicas son gigantescas.

7.      En resumen, es posible que un régimen regulatorio alternativo (llámesele legalización o no) podría generar mejores resultados que la prohibición vigente. Es posible, pero no es seguro. Y ese es el corazón del problema político de la legalización: en esencia, sus partidarios le están pidiendo a la población que dé un salto al vacío, en una decisión que difícilmente es reversible. Si mañana se legalizara la cocaína y el crecimiento del consumo fuera considerablemente mayor al anticipado, el costo de dar marcha atrás sería monumental: el número de usuarios dependientes sería significativamente más alto que antes de la legalización y, por tanto, los costos de control en una nueva prohibición serían mucho más elevados que en la posición original.

8.      Tal vez sea posible convencer a los votantes de dar el salto en el caso de la marihuana. En ese caso, aún un incremento explosivo del consumo generaría costos relativamente menores. Pero en el caso de las drogas caras (cocaína, heroína, metanfetaminas), donde se concentra la mayoría de los costos de control y de consumo, un cambio significativo en el régimen legal es casi impensable en el corto o aún en el mediano plazo: una encuesta reciente en Estados Unidos ubicó debajo de 10 por ciento el respaldo a la legalización de la cocaína, la heroína y las metanfetaminas. 

En conclusión, es perfectamente fútil hablar de “alternativas de mercado” para la regulación de las drogas ilegales, con la posible excepción de la marihuana (y aún en ese caso, el camino está menos que despejado. Otro día discuto el tema). No va a suceder en el futuro previsible. Por ahora, ese tipo de discusiones sólo distraen la atención de las alternativas reales que existen en materia de política antinarcóticos. Esas las reservo para una discusión posterior.


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