Política antinarcóticos: mi carta a Santa Claus

Ayer discutí la futilidad de promover desde México la legalización de las drogas. Hoy me toca ponerme más propositivo. Si no se puede (o no se debe) legalizar, ¿le quedan alternativas al gobierno de México en materia de política de drogas?

Para responder a esa pregunta, es necesario primero definir que variables no se pueden controlar. De arranque, yo apuntaría a dos:

1. El volumen de drogas que se trafican hacia Estados Unidos: como bien señala Mark Kleiman, la relación entre México y Estados Unidos en materia de drogas es asimétrica. Si la demanda estadounidense de drogas desapareciera mágícamente, se acabarían buena parte de los problemas de México. Pero si la oferta desde México se esfumara, las drogas encontrarían otra ruta para llegar a Estados Unidos. Se trata por tanto de un asunto de demanda que no se puede controlar de este lado de la frontera.
2. La ruta general de tráfico: desde hace varios años, ha sido política semi-oficial del gobierno mexicano el objetivo de redireccionar los flujos de cocaína hacia el Caribe. Ese es un error a mi juicio, ya que en ese tema no se compite contra los narcotraficantes, sino contra el aparato de seguridad de Estados Unidos (la Marina, la Guardia Costera, la DEA, etc.). Es por tanto una competencia que no se puede ganar. El gobierno de Estados Unidos tal vez pueda en algún momento replantear su política de interdicción (cuando se den cuenta que quizá sea mejor desestabilizar a Jamaica oa República Dominicana que a México), pero esa es una decisión sobre la cual los mexicanos tenemos poco o ningún control.

Sí esas no son las variables relevantes, ¿cuáles si podrían serlo? Yo señalaría una genérica: el nivel de daño que produce el narcotráfico a gran escala. Para minimizarlo, se requiere una política con cuatro objetivos específicos:

1. Reducir la intensidad laboral del narcotráfico (es decir, lograr que poco gente se involucre en el negocio).
2. Limitar la dispersión geográfica del fenómeno y la longitud de las rutas de trasiego dentro del territorio mexicano.
3. Mitigar los impactos negativos del narcomenudeo.
4. Obtener compensación internacional por los costos que el control de drogas le produzcan a México

Con esos objetivos en mente, van mis muy humildes propuestas, después del salto de página.

1. Eliminar o limitar los esfuerzos de erradicación: la política vigente sólo conduce a la pulverización de los cultivos ilícitos, sin incidir mayormente en el volumen producido y comerciado (los productores se adaptan a la erradicación sembrando más). No le gustaría a los estadounidenses, pero al fin y al cabo, ellos hicieron lo mismo en Afganistán.
2. Reducir la interdicción aérea en la frontera sur: la política actual (obligar a los vuelos privados provenientes de Centro y Sudamérica, a descender en Tapachula o Cozumel) genera, además de impactos muy negativos en América Central, un alargamiento de las rutas terrestres, con pocos efectos sobre el volumen trasegado. Si se modifica, se acortaría (en tiempo y espacio) el paso de la cocaína por territorio nacional. 
3.  Limitar la inspección de contenedores en un número reducido de puertos marítimos en el norte del país (Ensenada, por ejemplo): misma lógica que en el punto anterior. Se reduciría el número de envíos y la longitud de las rutas terrestres.
4. Diseñar intervenciones focalizadas en contra de métodos flagrantes de venta de droga al menudeo (venta en vía pública, narcotienditas permanentes, giros negros, etc.), siguiendo el modelo de High Point, Carolina del Norte. Con esto se haría menos visible y menos violento el narcomenudeo. 
5. Solicitar a Estados Unidos la ampliación de programas de abstinencia mandatada para poblaciones específicas (procesados, sentenciados en situación de libertad supervisada, etc.) y empezar a experimentar con iniciativas de esa naturaleza en México.
6. Ampliar el límite legal de la dosis personal de drogas, para reducir el número de usuarios criminalizados. En materia de marihuana, se podría por ejemplo homologar la legislación con la de California: posesión legal de hasta una onza (28.5 gramos), en vez de los cinco gramos que permite hoy la ley en México.
7. Aumentar la oferta de terapias de sustitución/mantenimiento (con metadona, buprenorfina o aún heroína médica para algunas poblaciones específicas) para usuarios dependientes a los opiáceos. 
8. En el plano diplomático, iniciar acercamientos con otros gobiernos para incluir en lasconvenciones internacionales sobre drogas un mecanismo financiero compensatorio para los países productores o de tránsito.

Algunas de esas medidas requieren decisiones difíciles y no están exentas de riesgos. Se trata, sin embargo, de medidas que, en su mayoría, se pueden adoptar unilateralmente mañana y se pueden revocar o modificar pasado mañana si no funcionan. Permiten por tanto una dosis de experimentación y aprendizaje que se requiere urgentemente en nuestra política de drogas.